México tiene todo para ser extraordinario.

La decisión de construir con lo que siempre hemos tenido.

México tiene todo para ser extraordinario.

La decisión de construir con lo que siempre hemos tenido.

Cuando otros países tomaron sus recursos — el petróleo, la tierra, incluso el vacío — y construyeron instituciones que todavía generan riqueza hoy, México tomó los mismos recursos y los consumió. Este artículo no es un lamento. Es un inventario de lo que ya existe, de lo que otros demostraron posible, y de lo que todavía está disponible.

Por Manuel E. Familiar · Colaborador NA77

(Please find the ENGLISH version below)

Nota de nomenclatura monetaria: Este artículo usa la convención mexicana y española. Un billón equivale a un millón de millones (1,000,000,000,000). En inglés americano esa cifra corresponde a un trillion. Todas las cantidades en dólares estadounidenses salvo indicación contraria.

Imagina un México donde cada niño en una escuela pública recibe materiales educativos financiados no por deuda ni por impuestos, sino por los rendimientos de un fondo que existe desde antes de que sus padres nacieran. Donde la electricidad llega limpia, estable y a precio competitivo porque la empresa que la genera opera con disciplina institucional y no como instrumento de política. Donde el peso no tiembla ante cada ciclo electoral porque el país tiene reservas soberanas que lo anclan. Donde Pemex no es el pasivo más costoso de la nación, sino lo que Saudi Aramco es para Arabia Saudita: el motor que financia la transición hacia el siguiente siglo.

Esto no es ciencia ficción. Son decisiones que otros tomaron. Con menos.

La pregunta no es por qué no llegamos ahí. Eduardo Joffroy documenta con precisión los mecanismos que lo impidieron en su serie México: El Vecino que Decidió Ignorar el Orden Global. La pregunta que este artículo plantea es diferente: ¿qué hubiera sido posible construir con los activos que México sí tenía? ¿Y qué sigue siendo posible construir con los que tiene hoy?

I. El dinero de Santa Anna — y lo que otros hicieron con el suyo

En 1853, Antonio López de Santa Anna firmó la Venta de la Mesilla, conocida en Estados Unidos como el Gadsden Purchase. México cedió 76,845 kilómetros cuadrados de lo que hoy son Arizona y Nuevo México por diez millones de dólares. Tres años antes, Texas había cedido sus propias reclamaciones territoriales sobre partes de Nuevo México, Colorado y Oklahoma por diez millones adicionales.

México recibió su pago. Lo que ocurrió con él se disolvió en la maquinaria fiscal y militar de un régimen que no construyó nada permanente con ese capital.

Texas recibió el suyo. Pagó deudas. Le quedaron tres millones. En 1854, un año después de la Venta de la Mesilla, la Legislatura de Texas asignó dos millones de dólares a un fondo permanente para financiar la educación pública del estado. La regla era constitucional e irreversible: el principal jamás se toca. Solo se usan los rendimientos. Solo se puede crecer.

Ese fondo existe hoy. Vale más de 60,000 millones de dólares. Distribuye 2,400 millones de dólares al año a las escuelas públicas de Texas. Es el endowment educativo más grande de los Estados Unidos, sembrado con el dinero de tierra que había sido mexicana.

En 1966, Botswana era el tercer país más pobre del mundo. Recién independizado de Gran Bretaña, sin infraestructura, sin instituciones, sin nada que los libros de texto considerarían una ventaja. Dos años después descubrió diamantes. En 1994 creó el Pula Fund para preservar parte de esos ingresos para las generaciones futuras. Al cierre de 2023 ese fondo controlaba activos equivalentes al 20% del PIB del país. Botswana tiene hoy el ingreso per cápita más alto del África subsahariana.

El territorio de Texas está igualmente perdido para ambos lados de la historia. Los diamantes de Botswana no tienen equivalente mexicano. Lo que sí tiene equivalente es la decisión que ambos tomaron el día después de recibir el recurso. Uno construyó una institución. El otro financió un régimen o un gobierno de turno.

No es un juicio moral. Es una observación sobre el poder del diseño institucional y sobre el costo compuesto de su ausencia.

II. Lo que se puede construir sin recursos naturales: Singapur

El caso de Singapur merece análisis propio, no como espejo incómodo sino como prueba de lo que la arquitectura institucional puede lograr cuando se toma completamente en serio.

En 1965, Singapur fue expulsado de Malaysia. No fue una separación negociada: fue un rechazo. Lee Kuan Yew lloró en televisión. El país que nacía ese día tenía 640 kilómetros cuadrados, ningún recurso natural, ninguna base agrícola, ningún vecino rico. No tenía agua potable propia. La importaba.

Lo que sí tenía era una decisión: construir instituciones que sobrevivieran a cualquier gobierno.

En 1974, nueve años después de la independencia, Singapur creó Temasek para gestionar profesionalmente los activos del Estado: la aerolínea, el banco, la empresa de telecomunicaciones, la distribuidora de energía. No como instrumentos de empleo político. Como empresas con mandato de rentabilidad, gobernadas por consejos independientes, obligadas a competir globalmente.

En 1981 creó el GIC, Government of Singapore Investment Corporation, para invertir las reservas internacionales del país con horizonte de veinte años, sin presión de ciclos electorales.

Hoy Temasek administra un portafolio de 434,000 millones de dólares singapurenses. El GIC gestiona un estimado de 800,000 millones de dólares. Juntos, una ciudad-Estado sin tierra, sin petróleo, sin materias primas, administra cerca de 1.2 billones de dólares en activos soberanos. Los rendimientos del GIC aportan 28,500 millones de dólares singapurenses al presupuesto nacional cada año, financiando escuelas, hospitales e infraestructura sin aumentar impuestos.

Singtel, la empresa de telecomunicaciones del Estado singaporense y una de las subsidiarias de Temasek, era en 1992 exactamente lo que Telmex era en 1990: un monopolio estatal protegido. La diferencia es lo que el Estado exigió a cambio de esa protección. Hoy Singtel tiene 800 millones de suscriptores en Australia, India, Indonesia, Filipinas y Tailandia. Y Singapur tiene la velocidad de internet fija más rápida del mundo: 372 megabits por segundo, frente a los 83 de México. Esa brecha no es técnica. Es institucional.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex son activos comparables en escala a los que Singapur profesionalizó en una sola generación. La diferencia no es el activo. Es el marco que lo gobierna.

III. El petróleo como decisión, no como destino: Noruega, Chile y Alberta

En 1969, Noruega descubrió petróleo en el Mar del Norte. Era un país periférico, frío, de menos de cuatro millones de personas, sin particular peso geopolítico. Tenía exactamente la misma elección que México ha tenido durante décadas: gastar los ingresos petroleros en el presente, o construir una arquitectura institucional que los convirtiera en riqueza permanente.

Noruega esperó veinte años. En 1990 creó el Fondo de Pensiones del Gobierno, conocido como el Fondo Petrolero. La lógica era tan directa que resulta casi provocadora: el petróleo es un activo que se agota. Cuando se acabe, la riqueza debe existir en otra forma. El fondo se capitalizó con los excedentes petroleros, se invirtió exclusivamente en activos internacionales para no distorsionar la economía doméstica, y se gobernó bajo reglas que ningún gobierno puede cambiar unilateralmente.

Hoy ese fondo vale 2.1 billones de dólares, equivalente a 2.1 millones de millones. Son 340,000 dólares por cada ciudadano noruego. Sus rendimientos anuales superan los 120,000 millones de dólares. Noruega no toca el principal. Nunca. Lo que gasta es lo que genera. El petróleo acabará. La institución, no.

Chile hizo lo mismo con el cobre. El Fondo de Estabilización Económica y Social, creado en 2007 como sucesor del antiguo Fondo de Estabilización del Cobre, estableció una regla fiscal estructural: en años de precios altos, el excedente se ahorra; en años de caída, el fondo lo cubre sin recortar el gasto social. En 2009, cuando los precios del cobre colapsaron durante la crisis financiera global, Chile retiró 9,280 millones de dólares del fondo para financiar subsidios y obras públicas. La recesión chilena ese año fue leve. La institucionalidad había funcionado exactamente para lo que fue diseñada.

Alberta, el socio comercial canadiense que México conoce de cerca por el TLCAN, creó su Heritage Fund en 1976 con ingresos del petróleo. Ha tenido imperfecciones políticas — gobiernos de turno que retiraron fondos sin disciplina. Pero el mecanismo existe, tiene veinte mil millones de dólares, y el debate sobre su uso es público, documentado y democráticamente disputado. Eso solo es una distancia institucional enorme respecto a México.

México sí tuvo un mecanismo de ahorro petrolero. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros existía en papel, diseñado con la retórica del modelo noruego. Pero llevaba incorporado un umbral de activación que en la práctica nunca se cumplió: el 99.5% de todos los recursos se transfirieron directamente al presupuesto federal anual, año tras año, gobierno tras gobierno. No fue negligencia. Fue una arquitectura diseñada para garantizar ese resultado desde el primer día.

Lo que quedó acumulado en ese fondo equivale a 8.50 dólares por ciudadano.

Noruega tiene 340,000 dólares por ciudadano. La diferencia no es el petróleo. Es lo que se decidió hacer con él.

Fondos soberanos comparados. La columna de México no es un error: el fondo existe en papel y registra ~$0 en activos reales. Botswana, Chile y Alberta demuestran que el modelo funciona incluso para economías en desarrollo.

La línea del tiempo que nadie compara. Arriba: decisiones que construyeron riqueza permanente, en condiciones de todo tipo. Abajo: ventanas que México dejó pasar.

IV. El espejo empresarial: cuatro activos, cuatro destinos posibles

Pemex: de motor nacional a pasivo fiscal

Aramco produce 184 barriles por empleado por día. Pemex produce 12. Eduardo ya documentó ese número. Lo que vale la pena agregar es el por qué no es un problema de geología. Arabia Saudita no tiene un subsuelo intrínsecamente superior. Tiene una empresa gestionada con disciplina institucional, gobernanza independiente y mandato de rentabilidad. Saudi Aramco tiene hoy una capitalización de mercado de 1.75 billones de dólares y generó utilidades de 350,000 millones de dólares en 2025, un año con precios bajos del crudo.

Pero el comparativo más cercano, y por eso el más revelador, no es Aramco. Es Petrobras, la empresa petrolera estatal de Brasil. Petrobras nació del mismo impulso nacionalista que Pemex, en una región con historia política igualmente compleja, y enfrentó sus propios escándalos de corrupción de escala monumental. Aun así, en 2010 Brasil tomó una decisión que México nunca tomó: llevó a Petrobras a bolsa en Nueva York y Madrid, retuvo el control estatal con el 28% de las acciones, y abrió la gobernanza a los mercados internacionales.

El resultado es visible en los números. Con ingresos similares en 2023, el margen neto de Petrobras fue de 24.41% frente a 0.47% de Pemex. En 2024, Petrobras produjo 2.7 millones de barriles diarios; Pemex, 1.3 millones. Petrobras paga dividendos al Estado brasileño. Pemex recibió transferencias del gobierno federal equivalentes a 21,000 millones de dólares en 2025.

El DUC, Derecho de Utilidad Compartida, fue el mecanismo fiscal mediante el cual el gobierno federal capturaba hasta el 74% del valor de los hidrocarburos extraídos. Un estudio académico documentó que históricamente el gobierno extraía el 98.46% del ingreso de Pemex, dejándole menos del 2% para reinversión. Una empresa a la que se le extrae más de lo que produce no puede mantenerse, mucho menos crecer.

CFE: la transición que no sucedió

La CFE tiene el mismo problema estructural que Pemex, con una vuelta adicional: el costo de la ineficiencia no lo paga la empresa. Lo pagan los contribuyentes a través de subsidios, y las empresas a través de tarifas industriales que financian el subsidio residencial. El 89% de los usuarios residenciales reciben electricidad subsidiada, cubriendo en promedio el 47% de su factura. Bajo ese esquema, CFE no tiene incentivo para ser eficiente, porque quienes fijan las reglas no tienen razón para exigírselo. Y sin eficiencia, no hay inversión en infraestructura.

Las tres subastas de energía limpia realizadas entre 2015 y 2018 redujeron el precio de generación de 47.7 dólares por megawatt-hora (MWh) a 20.5, y atrajeron 2,400 millones de dólares en compromisos de inversión privada. No ha habido una subasta desde 2018. La contrarreforma constitucional de 2024 eliminó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al operador independiente de la red eléctrica (CENACE), reintegrándolos a CFE. México cayó del lugar 7 al lugar 33 en el índice de atractivo para inversión en energías renovables.

Enel era en 1962 lo que CFE es hoy: un monopolio estatal italiano creado para absorber más de mil empresas eléctricas privadas, ineficiente por diseño y gestionado como herramienta de política. En 1992 fue reestructurado como sociedad anónima. En 1999 fue parcialmente privatizado, con el Estado italiano reteniendo el 23%. Hoy Enel opera en más de 30 países y es el mayor productor privado de energías renovables del mundo. El punto de partida era casi idéntico al de CFE. La diferencia fue la decisión de abrir la gobernanza.

Telmex: la renta que no innovó

Carlos Slim adquirió Telmex en 1990 por aproximadamente 1,800 millones de dólares, con un monopolio garantizado de siete años escrito en el contrato de privatización. Slim construyó sobre ese monopolio una de las mayores fortunas del mundo, y ese es un dato objetivo que merece reconocerse.

El problema no es que Slim haya sido hábil. El problema es lo que el Estado no exigió a cambio de la protección. La OCDE documentó que los mexicanos pagaban entre dos y tres veces el promedio de países desarrollados por servicios de telecomunicaciones. Esa brecha no era señal de un mercado eficiente: era la renta que un monopolio cobra cuando no enfrenta competencia real.

Singtel era en 1992 lo que Telmex era en 1990: un monopolio estatal protegido. La diferencia es lo que el Estado singaporense exigió a cambio de esa protección: inversión continua en infraestructura, expansión regional agresiva y competencia eventual que la obligó a mejorar. Hoy Singtel opera en 21 países con 800 millones de suscriptores. Y Singapur tiene la velocidad de internet más rápida del mundo. Un estudiante en Singapur tiene una conexión 4.5 veces más rápida que uno en México, no por razones técnicas sino porque alguien decidió exigir infraestructura a cambio de la protección.

Corea del Sur hizo lo mismo con su industria de telecomunicaciones: protección inicial, pero con exigencia de transferencia tecnológica, inversión en I+D e infraestructura de fibra óptica de clase mundial. México creó un monopolio. Singapur y Corea del Sur crearon plataformas de competencia global. El activo era comparable. La exigencia institucional, no.

V. El costo que nadie calculó, pero que todos pagaron

No hace falta nombrarlo directamente. Está implícito en cada cifra de este artículo.

Cuando un fondo soberano no se construye, el dinero no desaparece: se redistribuye hacia arriba. Cuando una empresa estatal produce 12 barriles por empleado en lugar de 184, la diferencia no se evapora: fluye hacia contratos sin licitación, sindicatos capturados, campañas financiadas con recursos públicos. Cuando un monopolio cobra el doble del precio de mercado durante tres décadas, esa diferencia no es abstracta: es el costo que cada empresa mexicana, cada emprendedor, cada familia pagó de más por conectarse al mundo.

La corrupción no es un fenómeno moral aislado. Es la distancia medible entre lo que debería existir y lo que existe. Entre el fondo que Noruega construyó y el que México no construyó. Entre los 2,400 millones de dólares anuales que las escuelas de Texas reciben de su fondo permanente y los materiales que un niño en Oaxaca o Tamaulipas no tiene.

Ese costo tiene nombre técnico: brecha de convergencia institucional. Pero tiene un nombre más honesto: es el futuro que las decisiones documentadas en estas páginas le negaron a millones de mexicanos que nunca tuvieron la oportunidad de vivir en un país que operara a la altura de su propio talento.

VI. La decisión que sigue disponible

Ninguno de los países que hoy administran riqueza soberana empezó en condiciones ideales. Singapur estaba recién expulsado de Malaysia cuando creó Temasek. Noruega esperó veinte años después del primer pozo antes de tocar un solo dólar de petróleo. Texas construyó su fondo permanente en 1854, en medio del caos posrepublicano, con dos millones de dólares y la claridad de que la disciplina debía ser constitucional para sobrevivir a los políticos que vendrían. Botswana era el tercer país más pobre del mundo cuando decidió que sus diamantes pertenecían a las generaciones futuras. Lo que cada uno construyó no dependió de las condiciones de partida. Dependió de la arquitectura que hicieron irreversible desde el primer día.

México tiene hoy activos que ninguno de esos ejemplos tenía combinados: ingresos por litio, mineral estratégico del siglo que viene. Una ola de nearshoring que ya está ocurriendo, el reordenamiento de cadenas de suministro globales que Eduardo documenta en NA77 con precisión creciente. En los primeros nueve meses de 2025, México recibió 40,900 millones de dólares en inversión extranjera directa, el mayor monto histórico registrado. Exportaciones manufactureras que superan los 600,000 millones de dólares anuales. Una frontera con la economía más grande del mundo y un tratado comercial que ningún otro país en desarrollo posee.

México forma más de 120,000 ingenieros y profesionales técnicos al año. Ese dato solo debería cambiar la conversación sobre competitividad. Capital humano de primer nivel que emigra porque quienes diseñan las reglas no tienen incentivo para integrarlo, y que regresaría si las reglas cambiaran.

Lo que ha faltado no es el recurso. Ha faltado la arquitectura que convierte recursos en riqueza permanente, y la decisión política de construirla.

Esa arquitectura no requiere renunciar a la soberanía. Noruega es profundamente soberana. Singapur es militantemente independiente. Texas es constitucionalmente celoso de sus activos. Chile usó el cobre para construir estabilidad fiscal sin perder el control de Codelco. Lo que sí requiere es algo más difícil que la soberanía: la decisión de que el dinero público no pertenece a quienes gobiernan. Pertenece a quienes vienen después.

VII. El México posible: una imagen del 2035

No se trata de proyectar el México que no pudo ser. Se trata de mostrar el que puede ser con los activos que existen hoy y las decisiones que todavía están disponibles.

Un fondo soberano del nearshoring es posible ahora mismo. No requiere petróleo. Requiere la decisión de no gastar todo lo que entra. Con los niveles actuales de inversión extranjera directa, un mecanismo que ahorre el 15% de los excedentes anuales al 6% de rendimiento generaría un fondo de aproximadamente 110,000 millones de dólares para 2035. Modesto frente a Noruega. Transformador frente a cero. Y con la arquitectura correcta, irreversible desde el primer día, exactamente como hicieron Texas en 1854 y Botswana en 1994.

Pemex profesionalizado al modelo Petrobras, no al de Aramco, porque el benchmark realista no es el mejor del mundo sino el más cercano en contexto, generaría una diferencia de entre 15,000 y 20,000 millones de dólares anuales respecto a su trayectoria actual. No por magia: por gobernanza, por apertura a mercados de capital, por mandato de rentabilidad en lugar de mandato de subsidio político. En diez años, eso es la diferencia entre una empresa que drena el presupuesto y una que lo alimenta.

México tiene el recurso solar más generoso del hemisferio norte. Las tres subastas canceladas demostraron que el mercado ya validó el modelo a 20.5 dólares por MWh. Si se retoman y escalan, México puede convertirse en exportador neto de energía limpia hacia Estados Unidos precisamente cuando ese país la necesita con urgencia para alimentar su transición energética y su industria de inteligencia artificial. Eso no es especulación: es la demanda que Amazon, Microsoft y Tesla ya están buscando satisfacer en México, sin encontrar la infraestructura que la respalde.

Esos tres pilares no son una agenda política. Son rangos de posibilidad anclados en comparativos que ya funcionan en otros países con condiciones menos favorables que las de México. El tiempo entre hoy y 2035 es exactamente el que Singapur tardó en transformar Temasek en un vehículo de riqueza soberana. Es el tiempo que Chile tardó en usar su fondo para amortiguar una crisis global sin recortar un solo peso de gasto social.

México 2035: tres pilares, dos trayectorias. Las proyecciones están basadas en comparativos documentados, no en supuestos optimistas. La diferencia entre las líneas es el valor de una decisión tomada hoy.

El México que NA77 propone, socio real en América del Norte y no proveedor de mano de obra, actor con peso propio y no escenario de las decisiones ajenas, tiene los recursos, el capital humano y la posición geográfica para construirse. Otros lo hicieron con menos. Ninguno esperó las condiciones perfectas.

La pregunta ya no es si México puede. Falta la decisión. Solo la decisión.

────────────────────────────────────

Manuel E. Familiar | Fundador, Wayfinder Partners | Colaborador, NA77

Monterrey, México · Abril 2026

NA77 · northamerican77.com

ENGLISH VERSION

NA77 · NORTH AMERICAN 77

One region. Three nations.

Mexico Has Everything It Takes to Be Extraordinary.

The decision to build with what we have always had.

When other countries took their resources — oil, land, even emptiness — and built institutions that still generate wealth today, Mexico took the same resources and consumed them. This article is not a lament. It is an inventory of what already exists, what others proved possible, and what is still available.

By Manuel E. Familiar · NA77 Contributor

Monetary convention note: This article uses U.S. convention throughout. $1 billion = 1,000 million. $1 trillion = 1,000 billion = one million million. All amounts in U.S. dollars unless stated otherwise.

Imagine a Mexico where every child in a public school receives educational materials funded not by debt or taxes, but by the returns of a fund that has existed since before their parents were born. Where electricity arrives clean, stable, and competitively priced because the company generating it operates with institutional discipline rather than as a political instrument. Where the peso does not tremble at every electoral cycle because the country holds sovereign reserves that anchor it. Where Pemex is not the nation’s most expensive liability, but what Saudi Aramco is to Saudi Arabia: the engine that finances the transition to the next century.

This is not science fiction. These are decisions that others made. With less.

The question is not why Mexico did not get there. Eduardo Joffroy documents the mechanisms that blocked it with precision in his series Mexico: The Neighbor That Chose to Ignore the Global Order. The question this article raises is different: what could have been built with the assets Mexico did have? And what can still be built with the ones it has today?

I. Santa Anna’s Money — And What Others Did With Theirs

In 1853, Antonio López de Santa Anna signed what Americans call the Gadsden Purchase. Mexico ceded 76,845 square kilometers of what is now Arizona and New Mexico for ten million dollars. Three years earlier, Texas had ceded its own territorial claims over parts of New Mexico, Colorado, and Oklahoma for ten million dollars more.

Mexico received its payment. What happened to it dissolved into the fiscal and military machinery of a regime that built nothing permanent with that capital.

Texas received its share. It paid its debts. Three million dollars remained. In 1854, one year after the Gadsden Purchase, the Texas Legislature set aside two million dollars in a permanent fund to finance the state’s public education system. The rule was constitutional and irreversible: the principal is never touched. Only the returns are spent. Only growth is permitted.

That fund exists today. It is worth more than $60 billion. It distributes $2.4 billion annually to Texas public schools. It is the largest educational endowment in the United States, seeded with money from land that had been Mexican.

In 1966, Botswana was the third poorest country in the world. Freshly independent from Britain, with no infrastructure, no institutions, no resources that any textbook would consider an advantage. Two years later it discovered diamonds. In 1994 it created the Pula Fund to preserve part of those revenues for future generations. By the end of 2023, that fund controlled assets equivalent to 20% of the country’s GDP. Botswana today has the highest income per capita in sub-Saharan Africa.

The territory of Texas is equally gone on both sides of history. Botswana’s diamonds have no Mexican equivalent. What does have an equivalent is the decision each made the day after receiving the resource. One built an institution. The other financed a regime or a government of the moment.

This is not a moral judgment. It is an observation about the power of institutional design and the compounded cost of its absence.

II. What Can Be Built Without Natural Resources: Singapore

Singapore’s case deserves its own section, not as an uncomfortable mirror but as proof of what institutional architecture can achieve when taken completely seriously.

In 1965, Singapore was expelled from Malaysia. It was not a negotiated separation: it was a rejection. Lee Kuan Yew wept on television. The country born that day had 640 square kilometers, no natural resources, no agricultural base, no wealthy neighbor. It had no potable water of its own. It imported water from Malaysia.

What it did have was a decision: to build institutions that would outlast any government.

In 1974, nine years after independence, Singapore created Temasek to professionally manage state assets: the airline, the bank, the telecoms operator, the power utility. Not as instruments of political patronage. As companies with a profitability mandate, governed by independent boards, required to compete globally or fail.

In 1981 it created GIC, the Government of Singapore Investment Corporation, to invest the country’s international reserves with a twenty-year horizon, insulated from electoral cycles.

Today Temasek manages a portfolio of S$434 billion. GIC manages an estimated $800 billion. Together, a city-state with no land, no oil, no raw materials manages close to $1.2 trillion in sovereign assets. GIC’s annual returns contribute S$28.5 billion to the national budget each year, funding schools, hospitals, and infrastructure without raising taxes.

Singtel, the Singaporean state telecoms company and one of Temasek’s principal subsidiaries, was in 1992 exactly what Telmex was in 1990: a protected state monopoly. The difference is what the Singaporean state demanded in exchange for that protection. Today Singtel operates in 21 countries with 800 million subscribers. And Singapore has the fastest fixed broadband internet in the world: 372 megabits per second, versus Mexico’s 83. That gap is not technical. It is institutional.

CFE and Pemex are assets comparable in scale to what Singapore professionalized in a single generation. The difference is not the asset. It is the framework that governs it.

III. Oil as a Decision, Not a Destiny: Norway, Chile, and Alberta

In 1969, Norway discovered oil in the North Sea. It was a peripheral, cold country of fewer than four million people, with no particular geopolitical weight. It faced exactly the same choice Mexico has faced for decades: spend petroleum revenues in the present, or build institutional architecture that converts them into permanent wealth.

Norway waited twenty years. In 1990 it created the Government Pension Fund, known as the Oil Fund. The logic was so straightforward it is almost provocative: oil is a depleting asset. When it runs out, the wealth must exist in another form. The fund was capitalized with petroleum surpluses, invested exclusively in international assets to avoid distorting the domestic economy, and governed under rules no single government can unilaterally change.

Today that fund is worth $2.1 trillion. That is $340,000 per Norwegian citizen. Its annual returns exceed $120 billion. Norway never touches the principal. What it spends is what it earns. The oil will end. The institution will not.

Chile did the same with copper. The Economic and Social Stabilization Fund, created in 2007, established a structural fiscal rule: in years of high copper prices, the surplus is saved; in years of collapse, the fund absorbs the shock without cutting social spending. In 2009, when copper prices fell sharply during the global financial crisis, Chile withdrew $9.28 billion from the fund to finance subsidies and public works. The Chilean recession that year was mild. The institution had worked exactly as designed.

Alberta, the Canadian trading partner Mexico knows closely through NAFTA, created its Heritage Fund in 1976 with petroleum revenues. It has had political imperfections: governments that withdrew funds without discipline. But the mechanism exists, it holds twenty billion dollars, and the debate over its use is public, documented, and democratically contested. That alone represents an enormous institutional distance from Mexico.

Mexico did have a petroleum savings mechanism. The Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros existed on paper, designed with the rhetoric of the Norwegian model. But it carried a built-in activation threshold that in practice was never met: 99.5% of all resources were transferred directly to the annual federal budget, year after year, government after government. This was not negligence. It was architecture designed to guarantee that outcome from day one.

What accumulated in that fund amounts to $8.50 per citizen.

Norway has $340,000 per citizen. The difference is not the oil. It is what was decided to do with it.

Sovereign wealth funds compared. Mexico’s bar is not an error: the fund exists on paper with ~$0 in real assets. Botswana, Chile, and Alberta show the model works even for developing economies.

The timeline nobody compares. Above: decisions that built permanent wealth, under all kinds of conditions. Below: windows Mexico let pass.

IV. The Business Mirror: Four Assets, Four Possible Destinies

Pemex: from national engine to fiscal liability

Aramco produces 184 barrels per employee per day. Pemex produces 12. Eduardo already documented that number. What is worth adding is why it is not a geology problem. Saudi Arabia does not have an intrinsically superior subsoil. It has a company managed with institutional discipline, independent governance, and a profitability mandate. Saudi Aramco carries a market capitalization of $1.75 trillion and generated profits of $350 billion in 2025, a down year for crude prices.

But the most revealing comparison is not Aramco. It is Petrobras, Brazil’s state oil company. Petrobras was born from the same nationalist impulse as Pemex, in a region with equally complex political history, and faced its own monumental corruption scandals. Even so, in 2010 Brazil made a decision Mexico never made: it took Petrobras public on the New York and Madrid exchanges, retained state control at 28% of shares, and opened its governance to international markets.

The result is visible in the numbers. With similar revenues in 2023, Petrobras achieved a net margin of 24.41% versus Pemex’s 0.47%. In 2024, Petrobras produced 2.7 million barrels daily; Pemex, 1.3 million. Petrobras pays dividends to the Brazilian state. Pemex received federal transfers equivalent to $21 billion in 2025.

The DUC, Derecho de Utilidad Compartida, or Shared Utility Right, was the fiscal mechanism by which the federal government captured up to 74% of the value of extracted hydrocarbons. Academic research documented that the government historically extracted 98.46% of Pemex’s income, leaving less than 2% for reinvestment. A company from which more is extracted than it produces cannot sustain itself, let alone grow.

CFE: the transition that did not happen

CFE carries the same structural problem as Pemex, with an additional turn: the cost of inefficiency is not paid by the company. It is paid by taxpayers through subsidies, and by industrial users through tariffs that cross-subsidize residential consumption. Eighty-nine percent of residential users receive subsidized electricity covering an average of 47% of their bill. Under that structure, CFE has no incentive to be efficient, because those who set the rules have no reason to demand it. And without efficiency, there is no investment in infrastructure.

The three clean energy auctions held between 2015 and 2018 reduced the generation price from $47.7 per megawatt-hour to $20.5, and attracted $2.4 billion in private investment commitments. No auction has been held since 2018. The 2024 constitutional counter-reform eliminated the independent energy regulator, the CRE, and the grid operator, CENACE, reintegrating both into CFE. Mexico fell from 7th to 33rd in renewable energy investment attractiveness.

Enel was in 1962 what CFE is today: an Italian state monopoly created to absorb more than a thousand private electricity companies, inefficient by design and managed as a policy instrument. In 1992 it was restructured as a joint-stock company. In 1999 it was partially privatized, with the Italian state retaining 23%. Today Enel operates in more than 30 countries and is the world’s largest private producer of renewable energy. The starting point was almost identical to CFE’s. The difference was the decision to open the governance.

Telmex: the rent that did not innovate

Carlos Slim acquired Telmex in 1990 for approximately $1.8 billion, with a seven-year guaranteed monopoly written into the privatization contract. Slim built one of the world’s largest fortunes on that foundation, and that is an objective fact worth acknowledging.

The problem is not that Slim was skilled. The problem is what the state did not demand in exchange for the protection. The OECD documented that Mexicans were paying two to three times the developed-country average for telecommunications services. That gap was not a sign of an efficient market: it was the rent a monopoly charges when it faces no competition strong enough to force improvement.

Singtel was in 1992 what Telmex was in 1990: a protected state monopoly. The difference is what the Singaporean state demanded in return: continuous infrastructure investment, aggressive regional expansion, and eventual domestic competition that forced improvement. Today Singtel operates in 21 countries with 800 million subscribers. And Singapore has the world’s fastest internet. A student in Singapore has a connection 4.5 times faster than one in Mexico — not for technical reasons but because someone decided to demand infrastructure in exchange for protection.

South Korea applied the same logic to its telecoms industry: initial protection, but with requirements for technology transfer, real R&D investment, and world-class fiber infrastructure. Mexico created a monopoly. Singapore and South Korea created platforms for global competition. The asset was comparable. The institutional demand was not.

V. The Cost Nobody Calculated — But Everyone Paid

It does not need to be named directly. It is implicit in every figure in this article.

When a sovereign fund is not built, the money does not disappear: it redistributes upward. When a state company produces 12 barrels per employee instead of 184, the difference does not evaporate: it flows toward contracts awarded without competition, captured unions, campaigns financed with public resources. When a monopoly charges twice the market price for three decades, that difference is not abstract: it is the cost every Mexican company, every entrepreneur, every family paid extra to connect to the world.

Corruption is not an isolated moral phenomenon. It is the measurable distance between what should exist and what does. Between the fund Norway built and the one Mexico did not. Between the $2.4 billion annually that Texas schools receive from their permanent fund and the materials a child in Oaxaca or Tamaulipas does not have.

That distance has a technical name: the institutional convergence gap. But it has a more honest one: it is the future that the decisions documented on these pages denied to millions of Mexicans who never had the chance to live in a country operating at the level of their own talent.

VI. The Decision That Remains Available

None of the countries that today manage sovereign wealth started in ideal conditions. Singapore had just been expelled from Malaysia when it created Temasek. Norway waited twenty years after its first oil well before touching a single dollar of petroleum revenue. Texas built its permanent fund in 1854, amid post-republican chaos, with two million dollars and the clarity that discipline had to be constitutional to survive the politicians who would follow. Botswana was the third poorest country in the world when it decided its diamonds belonged to future generations. What each of them built did not depend on where they started. It depended on the architecture they made irreversible from day one.

Mexico today holds assets none of those examples possessed in combination: revenues from lithium, the strategic mineral of the coming century. A nearshoring wave that is already under way, the reordering of global supply chains that Eduardo documents in NA77 with growing precision. In the first nine months of 2025, Mexico received $40.9 billion in foreign direct investment, the highest amount ever recorded. Manufacturing exports exceeding $600 billion annually. A border with the world’s largest economy and a trade agreement no other developing country possesses.

Mexico graduates more than 120,000 engineers and technical professionals each year. That number alone should change the competitiveness conversation. World-class human capital emigrates because those who design the rules have no incentive to integrate it, and would return if the rules changed.

What has been missing is not the resource. It has been the architecture that converts resources into permanent wealth, and the political decision to build it.

That architecture does not require surrendering sovereignty. Norway is deeply sovereign. Singapore is militantly independent. Texas is constitutionally protective of its assets. Chile used copper to build fiscal stability without losing control of Codelco. What it requires is something harder than sovereignty: the decision that public money does not belong to those who govern. It belongs to those who come after.

VII. The Possible Mexico: An Image of 2035

This is not about projecting the Mexico that could not be. It is about showing the one that can be, with the assets that exist today and the decisions that are still available.

A nearshoring sovereign fund is possible right now. It does not require oil. It requires the decision not to spend everything that comes in. At current foreign direct investment levels, a mechanism that saves 15% of annual surpluses at 6% returns would generate a fund of approximately $110 billion by 2035. Modest compared to Norway. Transformative compared to zero. And with the right architecture, irreversible from day one — exactly as Texas did in 1854 and Botswana did in 1994.

Pemex professionalized to the Petrobras model, not Aramco’s, because the realistic benchmark is not the world’s best but the closest in context, would generate a difference of between $15 and $20 billion annually compared to its current trajectory. Not through magic: through governance, through capital market access, through a profitability mandate instead of a political subsidy mandate. In ten years, that is the difference between a company that drains the budget and one that feeds it.

Mexico has the most abundant solar resource in the northern hemisphere. The three cancelled auctions demonstrated that the market already validated the model at $20.5 per MWh. If resumed and scaled, Mexico can become a net exporter of clean energy to the United States precisely when that country urgently needs it to fuel its energy transition and artificial intelligence industry. This is not speculation: it is the demand that Amazon, Microsoft, and Tesla are already seeking to meet in Mexico, without finding the infrastructure to support it.

These three pillars are not a political agenda. They are ranges of possibility anchored in comparatives that already work in countries with less favorable conditions than Mexico’s. The time between today and 2035 is exactly how long it took Singapore to transform Temasek into a vehicle for sovereign wealth. It is the time it took Chile to use its fund to absorb a global crisis without cutting a single peso of social spending.

Mexico 2035: three pillars, two trajectories. Projections are based on documented comparatives, not optimistic assumptions. The difference between the lines is the value of a decision made today.

The Mexico that NA77 proposes, a real partner in North America and not a labor provider, an actor with its own weight and not a stage for other people’s decisions, has the resources, the human capital, and the geographic position to build itself. Others did it with less. None of them waited for perfect conditions.

The question is no longer whether Mexico can. What remains is the decision. Only the decision.