NOTAS SOBRE NOMENCLATURA MONETARIA
Este documento utiliza la convención monetaria de Estados Unidos, estándar en finanzas internacionales:
• 1 Million = 1 millón = 1,000,000 (seis ceros)
• 1 Billion = mil millones = 1,000,000,000 (nueve ceros). Ejemplo: $84.5 billion = 84 mil 500 millones de dólares.
• 1 Trillion = billón (en español) = un millón de millones = 1,000,000,000,000 (doce ceros). Ejemplo: $2.1 trillion = 2.1 billones de dólares.
Todos los montos en dólares estadounidenses (USD) salvo indicación contraria. “Billion” en inglés ≠ “billón” en español. Un “billion” americano es mil millones; un “billón” mexicano es un millón de millones (lo que en EUA llaman “trillion”).
México no cambió porque no tenía que hacerlo. Y los que controlaban el poder se aseguraron de que tampoco tuviera que hacerlo.
La destrucción que México nunca tuvo
El punto de partida más poderoso de este argumento es contraintuitivo: Japón, Alemania y Corea del Sur se transformaron precisamente porque no tuvieron opción.
Japón fue arrasado. Dos bombas atómicas. Ocupación americana. Constitución reescrita desde afuera. Alemania fue literalmente dividida en cuatro zonas de ocupación. Corea del Sur salió de una guerra con tres millones de muertos y una economía reducida a cenizas.
La destrucción total los obligó a reinventarse desde cero — con nuevas reglas, nuevas instituciones, una nueva arquitectura de poder. No fue voluntad. Fue necesidad existencial.
México nunca fue forzado a ese reset.
El PRI ganó la Revolución. Consolidó el poder. Y construyó un sistema que funcionaba lo suficientemente bien para sobrevivir — pero no lo suficientemente bien para prosperar. La estabilidad se convirtió en su trampa.
Esta es la tesis central: México no cambió porque no tenía que hacerlo. Y los que controlaban el poder diseñaron el sistema para que nunca tuviera que hacerlo.
El sistema PRI: un negocio, no un gobierno
El PRI no era un partido político en el sentido moderno. Era un sistema de distribución de privilegios. Funcionaba con una lógica circular: un líder sindical apoyaba al PRI en las elecciones; el PRI lo protegía de la competencia; sus miembros tenían empleos garantizados aunque fueran improductivos; el ciclo se repetía por décadas.
Cada actor en el sistema — líderes sindicales, empresarios con concesiones del Estado, gobernadores, medios de comunicación, cámaras empresariales — tenía un acuerdo implícito: apoyo político a cambio de protección económica.
Abrir el sistema institucionalmente — estado de derecho real, competencia real, poder judicial independiente — habría roto ese contrato con todos ellos simultáneamente.
No era falta de visión. Era que la visión era incompatible con los intereses de quienes controlaban el sistema.
Los técnicos que sabían — y eligieron la media reforma
Los hombres que diseñaron la política económica de México en los años ochenta y noventa no eran ignorantes. Eran exactamente lo contrario.
Pedro Aspe — PhD del MIT. Secretario de Hacienda de Salinas. Jaime Serra Puche — PhD de Yale. Negoció el TLCAN. Ernesto Zedillo — PhD de Yale. Presidente de la República. Agustín Carstens — hoy dirige el Bank for International Settlements.
Estos hombres habían estudiado en las mismas universidades que los economistas que construyeron las instituciones de Corea del Sur y Singapur. Conocían la teoría. Sabían que sin instituciones sólidas, el libre comercio no produce convergencia. Lo sabían.
Los que sí quisieron — y no pudieron
Sería intelectualmente deshonesto argumentar que todos los políticos mexicanos con formación técnica decidieron voluntariamente proteger al sistema. Muchos sí quisieron cambiarlo. El problema no fue la falta de intención — fue la arquitectura del poder que los contenía.
El sistema político mexicano está diseñado estructuralmente para resistir reformas profundas. No por accidente. Por diseño. Cada actor — sindicatos, concesionarios, medios, gobernadores — tiene un contrato implícito con quien ocupa el poder: protección a cambio de lealtad. Tocar una pieza amenaza el sistema completo.
Un Secretario de Hacienda que quisiera imponer transparencia a PEMEX necesitaba primero el aval del Presidente, quien necesitaba el apoyo del sindicato petrolero para su partido, que a su vez dependía de los fondos que el mismo sindicato desviaba de PEMEX. El círculo no se podía romper desde dentro de una sola posición.
La cultura de la sociedad mexicana ya está acostumbrada a este sistema. Y el sistema se alimenta de una sociedad que vive en complacencia pensando que no hay nada más que hacer. Ambos se perpetúan mutuamente.
La historiadora Sarah Babb lo documentó en Managing Mexico: los técnicos usaron la crisis de la deuda de 1982 como palanca para avanzar su agenda económica. Pero esa agenda tenía un límite muy claro: podían liberar el comercio, privatizar empresas, abrir la cuenta de capital. Lo que no podían tocar era la arquitectura del poder.
La respuesta es obvia: el costo personal de transformar el sistema que los puso donde estaban era demasiado alto. Y eligieron. El PRI creó esa arquitectura. MORENA la perfeccionó.
Las tres familias del poder que no querían competencia
Los monopolios empresariales
Carlos Slim adquirió Telmex en 1990 con un monopolio garantizado por siete años escrito en el contrato de privatización. La OCDE documentó que los mexicanos pagaban entre dos y tres veces más por telecomunicaciones que el promedio de los países desarrollados.
No era capitalismo. Era renta. Y la renta requiere protección política para sobrevivir.
Los sindicatos corporatistas
El SNTE tenía 1.4 millones de miembros. Las plazas se heredaban, se vendían, se traspasaban. Elba Esther Gordillo era simultáneamente líder sindical y operadora política clave. Un sistema educativo funcional habría destruido el poder del sindicato. Por eso no hubo sistema educativo funcional.
Los medios de comunicación
Televisa y TV Azteca controlaban el 94% de la televisión abierta en México. A cambio de cobertura favorable, recibían concesiones renovadas y protección ante competidores.
Estos tres actores formaban un triángulo de estancamiento conveniente: los empresarios tenían mercados protegidos, los sindicatos tenían plazas garantizadas, los medios tenían concesiones. Y el sistema político que los sostenía se perpetuaba a través de ellos.
El TLCAN fue diseñado exactamente así
Cuando Salinas negoció el TLCAN, el objetivo operativo — documentado en el trabajo del economista Aaron Tornell del NBER — era usar el TLCAN como sustituto de la reforma institucional, no como su acompañante.
El TLCAN fue un atajo institucional. Y como todos los atajos, llegaste más rápido pero a un lugar equivocado.
Cuando la Unión Europea admitió a los países del este de Europa — Polonia, Hungría, República Checa — les exigió convergencia institucional completa como condición de entrada. México entró al TLCAN sin ninguno de esos requisitos. Y eso fue una elección — de todos los que firmaron.
La trampa cultural: el fantasma de la soberanía
La Revolución Mexicana dejó en el ADN político del país una alergia profunda a cualquier cosa que pareciera influencia extranjera. Pero la narrativa de soberanía absoluta fue capturada y usada estratégicamente por quienes más se beneficiaban del sistema cerrado.
El lenguaje de la soberanía fue el escudo perfecto para proteger intereses privados disfrazados de causas nacionales.
MORENA entendió esta mecánica mejor que nadie. No la desmontó. La perfeccionó. La retórica de soberanía popular se actualizó con nuevo vocabulario — “el pueblo bueno,” “la transformación” — pero la arquitectura es la misma.
Las tres ventanas que México dejó pasar
1982 — La crisis de la deuda obligó a reformas económicas profundas. Se pudo haber incluido reforma institucional. No se hizo.
1994 — El TLCAN abrió la economía. Se pudo haber exigido convergencia institucional. No se hizo.
2000 — La alternancia política con Fox era el momento de romper el triángulo del poder. No se rompió.
En cada una de esas ventanas, los intereses creados fueron más poderosos que la transformación.
PEMEX: La petrolera más endeudada del mundo
Caída del 53% desde el pico de 3.38M en 2004. México podría ser importador neto para 2030.
PEMEX ha registrado utilidades netas en solo tres de los últimos catorce años (2012, 2022 y 2023). Su calificación crediticia standalone según Moody’s es “ca” — la más baja en su escala. Sin el respaldo del gobierno, cada agencia calificadora coincide en que PEMEX estaría al borde del default.
El mecanismo que destruyó a PEMEX
El Derecho de Utilidad Compartida (DUC) capturaba hasta el 74% del valor de los hidrocarburos extraídos. Un estudio académico documentó que el gobierno históricamente extraía el 98.46% de los ingresos de PEMEX, dejando menos del 10% para reinversión. En 2005, el gobierno capturó $49.9 billion USD (49 mil 900 millones) de PEMEX — equivalente al 108.5% de las utilidades antes de impuestos.
El gasto de capital promedio anual cayó de $17.8 billion (2010–2014) a $7.1 billion (2018–2022), una caída del 60% durante un período en que mantener infraestructura envejecida y campos en declive demandaba más inversión, no menos.
De generador de ingresos a pasivo fiscal
En los primeros once meses de 2025, PEMEX contribuyó Ps.221 mil millones (~$11.8 billion) al gobierno pero recibió Ps.392 mil millones (~$21 billion) en transferencias — un déficit fiscal neto de Ps.170 mil millones (~$9 mil millones). Analistas estiman que el déficit fiscal total de PEMEX hacia el gobierno en 2025 fue de aproximadamente $31 billion — el mayor en los 87 años de historia de la empresa.
Cuatro petroleras. Cuatro modelos. Cuatro resultados.
Saudi Aramco produce 184 barriles por empleado al día. PEMEX produce 12. Con aproximadamente el doble de empleados, PEMEX produce una octava parte del petróleo de Aramco. No es un problema de geología. Es un problema de gestión, sindicato y captura política.
Dos Bocas: $20 billion de ejemplo
Si alguien necesita un solo caso para entender por qué México no entró al nuevo orden global, la refinería Olmeca — Dos Bocas — lo explica en una sola historia. Presupuesto original: $8 billion (8 mil millones). Costo final: más de $20 billion (20 mil millones) — 2.5 veces por encima del presupuesto. Según el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), es una de las refinerías más caras del mundo.
Capacidad de diseño: 340,000 barriles diarios. Realidad a abril 2026: aproximadamente 205,000 barriles — el 60% de su capacidad. En su pico de producción de gasolina (junio 2025), alcanzó 79,000 barriles diarios antes de caer a 41,000 en agosto — apenas una cuarta parte de los 170,000 para los que fue diseñada. RBN Energy proyecta que la refinería no alcanzará su arranque completo hasta 2028, y que existe la posibilidad de que nunca logre operaciones consistentes.
Solo en las últimas tres semanas de marzo-abril 2026, la refinería registró cuatro incidentes de seguridad: una explosión, un derrame de crudo en el Río Seco que afectó a comunidades pesqueras, una liberación de gas, y un incendio en el almacén de coque visible a kilómetros de distancia. Esto no es mala suerte. Es lo que pasa cuando un proyecto de $20 billion se construye con lógica política en vez de lógica de negocio.
¿Cuál era el plan de negocio?
No existe uno público que justifique la inversión con un análisis de retorno. Lo que existe es una promesa política: soberanía energética. Pero mientras las importaciones de gasolina de México alcanzaron 388,000 barriles diarios en septiembre 2025 — el nivel más alto del año — y la producción de crudo de PEMEX cayó a 1.37 millones de barriles diarios, la promesa se contradice con la realidad. México gastó $20 billion en una refinería que refina crudo que cada año es más escaso, en una región con una red eléctrica frágil que no puede sostenerla.
La razón es simple y no hay que complicarla: México como país funciona como un negocio que se reparten grupos políticos y sus socios. Dos Bocas no fue una decisión de inversión. Fue una decisión de poder. El presupuesto se duplicó porque no había nadie independiente vigilando. La refinería no funciona a capacidad porque se priorizó la inauguración política sobre la ingeniería. Y los $20 billion los pagamos todos los mexicanos.
CFE: La otra caja chica del sistema
El 89% de los usuarios residenciales recibe electricidad subsidiada, con subsidios cubriendo en promedio el 47% de sus facturas. Bajo AMLO, el 80% de los contratos de la CFE se otorgaron por adjudicación directa. El IMCO clasifica a la CFE como la entidad gubernamental con el mayor riesgo de corrupción en adquisiciones.
En 2021, la CFE construyó solamente 52 kilómetros de nuevas líneas de transmisión — el 0.05% de la red total. La inversión real en infraestructura alcanzó solo el 21% de lo que su propio plan consideraba necesario.
La contrarreforma de 2024
La reforma constitucional aprobada por MORENA eliminó los reguladores independientes (CRE y CNH), reintegró a CENACE dentro de la CFE, impuso que la CFE genere al menos el 54% de la electricidad, y — en una enmienda de último momento — eliminó la cláusula que hacía al Estado responsable de la transición energética.
México pasó del lugar 7 al 33 en atractivo para inversión en energías renovables. Las tres subastas de energía limpia previas habían bajado precios de $47.7/MWh a $20.5/MWh y atraído $2.4 mil millones en compromisos de inversión. No se ha celebrado ninguna subasta desde 2018.
Telmex: Cuando un monopolio sí genera riqueza
EL CONTRAEJEMPLO
En 1990, Carlos Slim adquirió Telmex por aproximadamente $1.8 billion USD (mil 800 millones de dólares) — con un monopolio garantizado por contrato por 7 años. Es importante reconocer lo que pasó después: Slim construyó sobre ese monopolio una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo.
El argumento no es que la privatización sea la respuesta. El argumento es que los sectores donde operan PEMEX y la CFE no son malos sectores. Son sectores extraordinariamente rentables cuando se administran con disciplina. Lo que falla no es el negocio. Lo que falla es la captura política.
La diferencia entre Telmex y PEMEX es reveladora: uno genera riqueza privada aunque con costo social; el otro no genera ni riqueza ni beneficio social. Al menos con Telmex, alguien invirtió, construyó infraestructura, creó empleos productivos y pagó impuestos. Con PEMEX, los ciudadanos financiaron la empresa, los políticos la administraron, el sindicato se enriqueció, y al final todos le deben dinero a todos.
La riqueza que México eligió no crear
FONDOS SOBERANOS ENERGÉTICOS
México ganó aproximadamente $1.1 trillion USD (1.1 billones de dólares / un millón 100 mil millones) en ingresos petroleros gubernamentales entre 1990 y 2024. Si hubiera ahorrado el 50% en un fondo soberano con rendimiento del 6.5% anual, ese fondo valdría hoy aproximadamente $1.65 trillion USD (1.65 billones de dólares) — el segundo fondo soberano más grande del mundo.
Para una familia de 4: $50,800 dólares. Lo que México realmente ahorró:
$8.50 por ciudadano.
El Fondo Mexicano del Petróleo fue legalmente diseñado para replicar el modelo noruego. Contiene un defecto arquitectónico fatal: el umbral de ahorro (ingresos petroleros superiores al 4.7% del PIB) nunca se ha activado. El 99.5% de todos los fondos se transfirieron inmediatamente al gasto corriente federal.
La ironía final
En mayo de 2025, el fondo soberano de Noruega desinvirtió completamente de PEMEX (~$140 millones en tenencias), citando riesgos de corrupción “inaceptablemente altos” entre 2004 y 2023. El mismo modelo que México no replicó ahora se rehúsa a invertir en la petrolera mexicana.
Corrupción documentada: los nombres y los hechos
Carlos Romero Deschamps (1993–2019)
Lideró el sindicato de PEMEX por 26 años consecutivos. 100,000 afiliados. Salario declarado: $1,800/mes. 11 familiares en la nómina de PEMEX. 12 investigaciones federales. Cero órdenes de aprehensión. Murió en 2023 en completa impunidad.
Pemexgate (2000)
PEMEX transfirió Ps.1,600 millones al sindicato. Ps.500 millones en efectivo se desviaron para financiar la campaña presidencial del PRI. Multa histórica de mil millones de pesos del IFE. Romero Deschamps obtuvo un amparo con un depósito de Ps.10,000 (~$500 USD).
Emilio Lozoya Austin (2012–2016)
Director de PEMEX. Recibió >$10 millones en sobornos de Odebrecht. Orquestó la compra de Grupo Fertinal por $635 millones — una planta inactiva por 14 años. Pérdidas documentadas: >$619 millones. Detenido en España en 2020. Liberado a arresto domiciliario en 2024.
Luz y Fuerza del Centro (2009)
Calderón desplegó 40,000 policías federales para ocupar 103 instalaciones, despidiendo a 44,300 trabajadores. El sindicato (SME) había presidido pérdidas eléctricas del 32% — vs. 11% en CFE y 4–5% estándar internacional.
Noruega desinvierte de PEMEX (2025)
El fondo soberano más grande del mundo vendió toda su posición en PEMEX (~$140M), citando riesgos de corrupción inaceptables. El modelo que México no replicó ahora se rehúsa a invertir en la petrolera mexicana.
El costo que nadie quiere calcular
Cada año que un niño mexicano pasó en un sistema educativo diseñado para proteger al sindicato fue un año de capital humano perdido. Cada década que un emprendedor operó bajo reglas diseñadas para proteger monopolios fue una década de innovación que nunca existió. Cada ciclo electoral donde el ciudadano tuvo que elegir al menos peor fue un ciclo donde el talento político real fue excluido por diseño.
Esa distancia entre lo que México es y lo que podría ser tiene un nombre técnico: brecha de convergencia institucional. Pero tiene un nombre más honesto: es el futuro que el sistema le debe a millones de mexicanos que nunca tuvieron la oportunidad de vivir en un país que funcionara a la altura de su propio talento.
México no necesita que lo salven.
Necesita que lo dejen respirar los mismos partidos politicos que deberian estar focalizados en la vision de pais y el bienestar de los próximos 100 años.
La convergencia institucional no es un favor que se le pide al sistema. Es una deuda que el sistema tiene con su propia gente.
La Parte III girará el espejo hacia Estados Unidos y Canadá. Porque un México de Nivel 1 no puede existir dentro de una América del Norte que tolere el proteccionismo o la complacencia.
NA77 · ONE FUTURE. THREE NATIONS. · na77.substack.com